Por Ing. Ramón Montanía Fernandez (*)
Presionados por la gravedad de la situación y convencidos de la necesidad de evitar sufrimientos adicionales a la ciudadanía, el Poder Legislativo aprobó en el 2010 la aplicación del Plan de Emergencia Nacional, así como el correspondiente respaldo financiero, en este caso nada menos que de US$ 85 millones.
La ejecución del plan, que estuvo a cargo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a pesar de la ingente suma que se aprobó en el ámbito del Legislativo para sostenerlo financieramente, con mucha suerte, fue apenas un paliativo.
Obviamente, como corresponsable de tan bien intencionado plan, ante las voces de protesta que arreciaban, no solo de los usuarios sino también de los técnicos, sindicalistas, etc., la Cámara de Diputados pidió informes a la empresa eléctrica sobre la aplicación de la fuerte suma que aprobaron con un destino y propósito específicos.
El informe, redactado por los administradores de turno de la empresa eléctrica, no convenció a los diputados; quienes, por unanimidad, decidieron dar un segundo paso: aprobar un pedido de que lo realizado por la ANDE en el marco o con el justificativo del plan fuera sometido a una meticulosa auditoría o fiscalización, obviamente por el organismo competente para el caso: la Controlaría General de la República (CGR).
En mayo de 2012 arrancó la investigación, pero, lamentablemente, a pesar de que desde entonces transcurrieron seis meses, la CGR no adelantó detalle alguno de sus descubrimientos. El presidente de la ANDE, Ing. Carlos Heisele, sugería, por cierto, mediante un discurso propio de un diplomático, que hubo una “desnaturalización del objetivo de la ley, una irresponsabilidad muy seria y una inacción que perjudicó a todo el país, que se está sintiendo hasta ahora”.
Debe apuntarse también que, en un informe interno de la ANDE, se leía que fueron solventados adquisiciones de cables para la construcción de la línea de la alimentación de la subestación Ciudad del Este, sin que la estatal haya adjudicado siquiera el contrato de construcción de esas obras y otras “minucias”, que sumadas a otras y puestas en el lugar que les corresponde de este rompecabezas, pueden revelar hechos que trasponen el ámbito de lo meramente administrativo e irrumpen con fuerza en el judicial.
El raudal de denuncias, así como de pistas e indicios de malversación, obligan la CGR a no “dejar piedra sobre piedra”, a remover todos los archivos, físicos o informáticos, en el más breve tiempo posible, con el fin de que los legisladores y principalmente los usuarios de la ANDE sepan que hicieron en la estatal con el dinero público. Luego vendrán los tribunales, tal como lo establece un Estado de Derecho.
La corrupción, la irresponsabilidad y la impunidad, que tanto daño causaron, por lo visto seguirán causando, al sector eléctrico nacional deben erradicarse definitivamente. El desarrollo y por ende un futuro venturoso del país dependen del sector eléctrico, luego si no aplicamos medidas rectificadoras, con castigos ejemplares previstos en nuestro ordenamiento legal, nuestro destino seguirá siendo la sufriente dimensión tercermundista.
(*) Ing. Electricista, director de Medios Especializados de Información del Sector Eléctrico paraguayo (MEISEP) que conforman la revista especializada “Mundo de la Electricidad”, el programa radial “El sector eléctrico bajo la lupa” e “Infoelectricas”, servicio gratuito de información vía internet.
