Fortunato Esquivel
ALAI AMLATINA, 07/06/2011.-Los movimientos sociales tienen en su haber
grandes batallas en su pasado histórico, pero sobre todo en el periodo
neoliberal. Se luchó contra la venta de las empresas estatales y contra
la capitalización que era una disfrazada venta de las empresas
estratégicas. Se luchó contra la privatización del agua y otros derechos
de los bolivianos.
Pero estas luchas, están ante un peligro mucho mayor y hay que decirlo
con mucha pena y alarma porque esté a cargo de un gobierno que se dice
de los campesinos, indígenas y movimientos sociales.
Nos encontramos ante el gran peligro de la privatización de las
semillas, que por milenios fue un patrimonio que nos donó la Pachamama y
ahora a punto de tener dueños particulares. ¿Será verdad que se
encuentra en trámite una ley en ese sentido? y ¿Será posible que un
gobierno como el presente esté impulsando una norma así?
El pasado 3 de junio un periódico de La Paz, publicó el siguiente
titular: “Un proyecto de ley propone legalizar uso de transgénicos”. Un
epígrafe dice seguidamente que el proyecto de ley prevé el control de la
producción, importación y comercialización de productos genéticamente
modificados.
Nadie dijo “esta boca es mía”. Ni ecologistas, ni defensores de la madre
tierra se manifestaron contrarios en esta ocasión. El periódico, dice
que la futura Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria,
impulsada por el gobierno, será aprobada con ocasión del Año Nuevo
Aymara, el próximo 21 de junio.
Sigue la información y dice que fue el presidente Evo Morales quien
remitió el proyecto a la Asamblea Legislativa para su consideración y
presunta aprobación. El ejecutivo de la Asociación Nacional de
Productores de Oleaginosas (Anapo) Demetrio Pérez, aplaudió de inmediato
ese proyecto que les permitirá ser más competitivos y por supuesto más
ricos.
¿Qué significa esta norma, por ahora en proyecto? Sencillamente que las
semillas podrán tener dueños particulares y las mayores beneficiarias
serán las multinacionales, que al margen de tener flexibilidades para la
producción y comercialización de las semillas, podrán exigir el pago de
regalías a quienes produzcan con transgénicos.
Los bolivianos no estamos enterados de las implicaciones que pueden
tener estas normas en proceso de trámite. No sabemos lo que puede
acarrear a la vida de los campesinos, a nuestra alimentación, nuestra
economía y sobre todo las consecuencias contra la naturaleza.
A fines de los años 90 desde el periódico “Presencia” impulsamos una
campaña contra los alimentos elaborados con transgénicos que Estados
Unidos nos donaban y a la que se unieron otros medios escritos paceños.
Fue una controversia con la embajada, en pleno gobierno neoliberal que
pese a su autoritarismo no se había animado autorizar el uso de
transgénicos en Bolivia.
Los alimentos transgénicos, están modificados genéticamente para
resistir insecticidas, gérmenes e insectos. Las cosechas son más
productivas y provocan enormes ganancias, pero lo que no se sabe es qué
daños pueden producir en el cuerpo humano. Hasta ahora, los habitantes
del tercer mundo, somos conejillos de Indias para la voracidad económica
de las transnacionales.
Con la privatización de las semillas, los grandes laboratorios
mundiales, propiedad de las transnacionales, se convertirán en dueños de
las semillas. Podrán manipular sus precios subiéndolos o cortando su
distribución. Pasaremos a depender de ellas.
Podemos estar equivocados, pero si es cierto que se impulsa la
privatización de las semillas, ésta alcanzará a otras al margen de la
soya, que ahora nos enteramos, logró autorización para su producción
transgénica.
El Ministro de Autonomías, Carlos Romero Bonifaz, explicó ante el
programa “El Pueblo es Noticia” que la intención es garantizar el
abastecimiento interno de alimentos. El 21 de junio está muy cerca. Las
explicaciones son urgentes. Ojalá no se esté produciendo una agresión
contra los campesinos pequeños productores.
