NOTA DIRIGIDA AL PODER LEGISLATIVO (I)
Señores y
Señoras miembros del Congreso
República
del Paraguay
Las
organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, las organizaciones sociales
y políticas y los ciudadanos argentinos abajo firmantes queremos dirigirnos a
Ustedes para poner en su consideración la inquietud que, como sinceros amigos
del Pueblo paraguayo, nos causan distintos acontecimientos que vienen afectando
a luchadores sociales, a militantes políticos, a abogados defensores de presos
políticos y a humildes campesinos que tratan de acceder a una parcela de tierra
para trabajarla y procurar un sustento digno para sus familias.
No está en
nosotros el venir a recordar la historia del Paraguay, ni la lejana ni la más
cercana en el tiempo; Ustedes la conocen sobradamente. Pero, déjennos decirles,
por ejemplo, que tanto el recuerdo aciago de agresiones provocadas por
intereses nefastos como el honor de haber abierto las puertas a los perseguidos
en tiempos oscuros, nos ligan entrañablemente a la suerte del noble Pueblo
paraguayo.
Por eso, no
podemos, ni queremos, dejar pasar situaciones que no tienen justificación y que
deben ser detenidas, y reparadas sus consecuencias.
Nos
referimos, en términos generales, a las nefastas consecuencias que se siguen de
que una joven democracia, una sociedad que todavía tiene muy presente el clima
opresivo de una dictadura que se prolongó por décadas, cometa el error de
pretender enfrentar los problemas sociales y políticos por la vía de su
judicialización y el recurso de la fuerza, aun cuando esta fuerza sea la del
Estado.
Seguir ese
camino, incluso si no estuviéramos hablando del bravío pueblo paraguayo, sólo
puede conducir a un círculo vicioso de violencia y dolor.
Deberían
extremar, entonces, quienes tienen las más altas responsabilidades políticas
institucionales, las acciones, los gestos, los esfuerzos, de diálogo, de
paciencia, de generosidad y de visión de grandeza.
No vamos a
analizar, no nos corresponde, si ese ha sido el camino que ha recorrido la
dirigencia política de la transición democrática. Sí reconocemos que esa
transición ha sido heredera de estructuras no sólo injustas, sino atentatorias
contra el desarrollo del pueblo paraguayo, especialmente de su campesinado. Con
más razón, dado lo poco que cualquiera percibe que se ha podido avanzar en la
remoción de esas estructuras, en la persistencia del despojo que un grupo de
aprovechados de la dictadura realizó sobre el patrimonio de todos los
paraguayos; con más razón, decíamos, el camino no puede ser el de la
criminalización del conflicto social y político.
§
Hemos
recibido informaciones que hablan de una confusa reunión del presidente de la República con los mandos
militares, en las que se habrían discutido hipótesis de intervención de las
mismas en el conflicto político, incluso social, interno; en el mejor de los
casos en funciones de Fuerzas de Seguridad. Entendemos que todo ello es
violatorio del Derecho interno de su país, pero además recorre un camino inverso
al que el conjunto de las naciones latinoamericanas trata, trabajosamente, de
recorrer.
§
También
se ha vuelto a poner en discusión pública la derogación de las leyes que
impiden esa intervención y la posibilidad de habilitarla legalmente.
§
Vemos
consternados que la investigación, por así llamarla, de los luctuosos sucesos
de Curuguaty, en junio de este año, sólo se dirige al conjunto de los
campesinos que permanecían en el asentamiento sobre el cual se abatió el vasto
operativo policial. Que existen 12 o más detenidos, todos de ese origen, y casi
medio centenar de órdenes de captura. Nada se hace institucionalmente para
esclarecer el accionar de los funcionarios judiciales y policiales
involucrados, lo cual constituye, por decir poco, un absurdo que elude toda
percepción racional de los hechos. En una realidad donde nada parece poder
detener la lucha vital por el acceso a la tierra de los campesinos despojados,
esta respuesta estatal arroja una sombra ominosa sobre las legítimas
aspiraciones de los mismos.
§
Nos
asombramos de escuchar que funcionarios judiciales se sorprenden de que los
detenidos por este tipo de incidentes no sufran torturas al ser detenidos por
la policía.
§
Nos
indignamos ante los relatos que hacen las detenidas en la Cárcel del Buen Pastor, de
Asunción, de los abusos, golpizas y verdaderas torturas, tratos crueles e
inhumanos (según la terminología de los Tratados internacionales) que sufren.
§
Verificamos,
algunos de nosotros, otra de las denuncias que las mismas hacen: que personal
militar está instalado dentro de la prisión. Este, según denuncian, no solo
interviene en la represión ante determinados conflictos, sino que comete
indignas tropelías, emulando al personal estable.
§
También
nos consta que se hacen indebidas discriminaciones, por supuestas razones de
seguridad que nunca deben menoscabar los derechos de los detenidos, a algunas
detenidas, particularmente a la señora Carmen Villalba.
§
Varios
de los organismos abajo firmantes mantenemos relaciones de solidaridad
conjunta, defensa legal, análisis del Derecho, etc. con organismos y
particulares paraguayos defensores de los derechos de las personas,
particularmente de los que sufren persecución penal a causa de los conflictos
sociales y políticos. Hemos observado con estupor que organizaciones como la CODEHUPY han sido
reiteradamente acusadas y estigmatizadas, incluso por altos funcionarios
públicos, por el mero hecho de asumir la defensa legal que le corresponde a
toda persona y denunciar lo que a su legítimo entender resultan violaciones de
derechos. Lo hemos visto también con defensores particulares e incluso públicos
de acusados por delitos conexos con actividad política o social. Sabemos incluso
de represalias institucionales contra defensores públicos que sólo cumplieron
con su deber. Pero últimamente hemos recibido la denuncia de amenazas directas
y reiteradas contra las abogadas de presos acusados de ser parte de la
organización armada Ejército del Pueblo Paraguayo. Entendemos que este Congreso
podría hacer mucho por la seguridad de las mismas haciendo un público respaldo
a su legítimo profesionalismo y reivindicándolo ante la sociedad paraguaya.
§
Hemos
seguido con atención los distintos procesos judiciales, e incluso los vaivenes
de las leyes procesales que este Congreso dictó oportunamente, y debemos decir
que entendemos que han sido una repetida demostración de que, al menos ante
determinadas acusaciones, el sistema judicial del Paraguay no consigue brindar
un mínimo de garantías de un juicio justo. En términos generales, el Ministerio
Público aparece como avasallante y construyendo una ilegítima y, por lo demás,
mediática condena social anticipada, ante la cual los jueces parecen defeccionar
de sus obligaciones, so pena de seguir el camino del malogrado Juez Bonzi,
(caso cuyas repercusiones, por cierto, no quedaron limitadas al territorio
paraguayo).
§
Resulta
de extrema sensibilidad para todos nosotros, el caso del proceso seguido contra
los seis dirigentes campesinos y militantes políticos extraditados desde
nuestro país y que, recientemente, luego de seis injustificados e ilegales años
de cárcel, fuera finalmente a juicio. Hemos resultado brutalmente decepcionados
por las circunstancias, características y conclusiones de dicho proceso, aun si
nos limitáramos a la violación por parte del sistema judicial paraguayo de los
compromisos asumidos al requerir la extradición, que tiñen de ilegitimidad no
sólo el abusivo tiempo que permanecieron en prisión preventiva sino el propio
tiempo que supuestamente deberían cumplir de condena. Paraguay, Señores
Congresales, acabará, por este camino, siendo un Estado permanentemente
reprochado por los sistemas internacionales de defensa de los Derechos Humanos,
especialmente el interamericano.
Señores
Miembros: no se nos escapa que Paraguay está viviendo una etapa institucional
de extrema gravedad. Ha sido precisamente esa percepción la que nos ha llevado
a dirigirnos a Ustedes y no a ninguna otra instancia.
Creemos que
está en sus manos, en sus voluntades, aportar a que esta etapa no signifique el
cierre en retroceso de la transición democrática en el Paraguay. Para ello,
entendemos que, con absoluto espíritu de grandeza y con ánimo pacificador,
Ustedes deberían conformar una Comisión del Congreso que intervenga el sistema
penitenciario paraguayo, de modo de terminar con la penosa leyenda de Tacumbú,
cuyo cierre es promesa fallida de cada nueva administración y de garantizar las
condiciones en el resto, particularmente en el Buen Pastor. Con ese mismo
espíritu, deberían además llevar adelante una generosa amnistía que demuestre
que las características del conflicto social y político durante esta transición
no han sido lo que deberían y que para dar salida de futuro a esa transición
debe asumirse que no pueden pagar sólo algunos por sus falencias. Deberían
asumir que las tareas de la
Reforma Agraria tantas veces prometida, por todos reconocida
como necesidad, deben implicar también el compromiso directo del Congreso para
que dejen de ser un asunto burocrático y pasen a ser una de las tareas
políticas centrales de un Paraguay comprometido con un futuro para todos, con
trabajo, dignidad y paz.
Si así lo
entendieran, si así lo hicieran, se verán realizadas las consignas con que hoy,
para hacer entrega de este escrito, venimos ante la sede diplomática de su país
en Buenos Aires:
¡¡¡LIBERTAD
A LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS EN PARAGUAY!!!
¡¡¡CESE
DE LA REPRESIÓN
DENTRO Y FUERA DE LAS CÁRCELES DE PARAGUAY!!!
¡¡¡BASTA
DE PERSECUSIÓN Y JUDICIALIZACION A LAS PROTESTAS DE LAS ORGANIZACIONES
POPULARES EN PARAGUAY!!!
NOTA DIRIGIDA AL PODER JUDICIAL(II)
Asunción,
8 de noviembre de 2012
Dr. Víctor Núñez
Señor Presidente de la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
Dr. Javier Díaz Verón
Señor Fiscal General FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Ref.: Por la libertad de los presos políticos de Curuguaty.
Quienes firmamos el presente petitorio, exigimos la
inmediata libertad de los 12 presos políticos de Curuguaty, cinco de ellos en
huelga de hambre desde hace 45 días en la cárcel regional de Coronel Oviedo, en
busca de Justicia y Libertad.
Ellos son víctimas de una persecución política y están
sometidos a un proceso lleno de irregularidades, sin pruebas que sustenten su
detención y procesamiento, como lo demuestra el informe de la Plataforma de Estudio e
Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) que desarrolla una investigación
independiente del caso en la zona de Marina Cué, donde ocurrió la masacre el 15
de junio del cte. que costó la vida a 17 compatriotas.
Las personas encarceladas en Cnel. Oviedo y La Esperanza , han sido
violentadas en todos sus derechos humanos, siendo objetos de torturas físicas y
psicológicas, no han recibido en su momento una atención médica adecuada, se
les omitió auxilio y no tienen las garantías suficientes para el debido
proceso.
Las campesinas y campesinos privados de su libertad son:
1. Dolores López
2. Maria Fani Olmedo Paredes
3. Ruben Villalba
4. Felipe Balmori
5. Arnaldo Quintana Paredes
6. Adalberto Castro Benítez
7. Néstor Castro
8. Lucia Agüero (En huelga de hambre)
9. Alcides Ramírez (En huelga de hambre)
10. Luis Olmedo (En huelga de hambre)
11. Nery Urbina (En huelga de hambre)
12. Juan Carlos Tillería (en huelga de hambre)
Por estas razones exigimos su inmediata libertad.
