Páginas vistas en total

miércoles, 14 de noviembre de 2012

PARAGUAY: PIDEN A CONGRESO Y PODER JUDICIAL RESPETAR DDHH DE CAMPESINOS PRESOS




NOTA DIRIGIDA AL PODER LEGISLATIVO (I)

Señores y Señoras miembros del Congreso
República del Paraguay

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, las organizaciones sociales y políticas y los ciudadanos argentinos abajo firmantes queremos dirigirnos a Ustedes para poner en su consideración la inquietud que, como sinceros amigos del Pueblo paraguayo, nos causan distintos acontecimientos que vienen afectando a luchadores sociales, a militantes políticos, a abogados defensores de presos políticos y a humildes campesinos que tratan de acceder a una parcela de tierra para trabajarla y procurar un sustento digno para sus familias.
No está en nosotros el venir a recordar la historia del Paraguay, ni la lejana ni la más cercana en el tiempo; Ustedes la conocen sobradamente. Pero, déjennos decirles, por ejemplo, que tanto el recuerdo aciago de agresiones provocadas por intereses nefastos como el honor de haber abierto las puertas a los perseguidos en tiempos oscuros, nos ligan entrañablemente a la suerte del noble Pueblo paraguayo.
Por eso, no podemos, ni queremos, dejar pasar situaciones que no tienen justificación y que deben ser detenidas, y reparadas sus consecuencias.
Nos referimos, en términos generales, a las nefastas consecuencias que se siguen de que una joven democracia, una sociedad que todavía tiene muy presente el clima opresivo de una dictadura que se prolongó por décadas, cometa el error de pretender enfrentar los problemas sociales y políticos por la vía de su judicialización y el recurso de la fuerza, aun cuando esta fuerza sea la del Estado.
Seguir ese camino, incluso si no estuviéramos hablando del bravío pueblo paraguayo, sólo puede conducir a un círculo vicioso de violencia y dolor.
Deberían extremar, entonces, quienes tienen las más altas responsabilidades políticas institucionales, las acciones, los gestos, los esfuerzos, de diálogo, de paciencia, de generosidad y de visión de grandeza.
No vamos a analizar, no nos corresponde, si ese ha sido el camino que ha recorrido la dirigencia política de la transición democrática. Sí reconocemos que esa transición ha sido heredera de estructuras no sólo injustas, sino atentatorias contra el desarrollo del pueblo paraguayo, especialmente de su campesinado. Con más razón, dado lo poco que cualquiera percibe que se ha podido avanzar en la remoción de esas estructuras, en la persistencia del despojo que un grupo de aprovechados de la dictadura realizó sobre el patrimonio de todos los paraguayos; con más razón, decíamos, el camino no puede ser el de la criminalización del conflicto social y político.
§                                 Hemos recibido informaciones que hablan de una confusa reunión del presidente de la República con los mandos militares, en las que se habrían discutido hipótesis de intervención de las mismas en el conflicto político, incluso social, interno; en el mejor de los casos en funciones de Fuerzas de Seguridad. Entendemos que todo ello es violatorio del Derecho interno de su país, pero además recorre un camino inverso al que el conjunto de las naciones latinoamericanas trata, trabajosamente, de recorrer.
§                                 También se ha vuelto a poner en discusión pública la derogación de las leyes que impiden esa intervención y la posibilidad de habilitarla legalmente.
§                                 Vemos consternados que la investigación, por así llamarla, de los luctuosos sucesos de Curuguaty, en junio de este año, sólo se dirige al conjunto de los campesinos que permanecían en el asentamiento sobre el cual se abatió el vasto operativo policial. Que existen 12 o más detenidos, todos de ese origen, y casi medio centenar de órdenes de captura. Nada se hace institucionalmente para esclarecer el accionar de los funcionarios judiciales y policiales involucrados, lo cual constituye, por decir poco, un absurdo que elude toda percepción racional de los hechos. En una realidad donde nada parece poder detener la lucha vital por el acceso a la tierra de los campesinos despojados, esta respuesta estatal arroja una sombra ominosa sobre las legítimas aspiraciones de los mismos.
§                                 Nos asombramos de escuchar que funcionarios judiciales se sorprenden de que los detenidos por este tipo de incidentes no sufran torturas al ser detenidos por la policía.
§                                 Nos indignamos ante los relatos que hacen las detenidas en la Cárcel del Buen Pastor, de Asunción, de los abusos, golpizas y verdaderas torturas, tratos crueles e inhumanos (según la terminología de los Tratados internacionales) que sufren.
§                                 Verificamos, algunos de nosotros, otra de las denuncias que las mismas hacen: que personal militar está instalado dentro de la prisión. Este, según denuncian, no solo interviene en la represión ante determinados conflictos, sino que comete indignas tropelías, emulando al personal estable.
§                                 También nos consta que se hacen indebidas discriminaciones, por supuestas razones de seguridad que nunca deben menoscabar los derechos de los detenidos, a algunas detenidas, particularmente a la señora Carmen Villalba.
§                                 Varios de los organismos abajo firmantes mantenemos relaciones de solidaridad conjunta, defensa legal, análisis del Derecho, etc. con organismos y particulares paraguayos defensores de los derechos de las personas, particularmente de los que sufren persecución penal a causa de los conflictos sociales y políticos. Hemos observado con estupor que organizaciones como la CODEHUPY han sido reiteradamente acusadas y estigmatizadas, incluso por altos funcionarios públicos, por el mero hecho de asumir la defensa legal que le corresponde a toda persona y denunciar lo que a su legítimo entender resultan violaciones de derechos. Lo hemos visto también con defensores particulares e incluso públicos de acusados por delitos conexos con actividad política o social. Sabemos incluso de represalias institucionales contra defensores públicos que sólo cumplieron con su deber. Pero últimamente hemos recibido la denuncia de amenazas directas y reiteradas contra las abogadas de presos acusados de ser parte de la organización armada Ejército del Pueblo Paraguayo. Entendemos que este Congreso podría hacer mucho por la seguridad de las mismas haciendo un público respaldo a su legítimo profesionalismo y reivindicándolo ante la sociedad paraguaya.
§                                 Hemos seguido con atención los distintos procesos judiciales, e incluso los vaivenes de las leyes procesales que este Congreso dictó oportunamente, y debemos decir que entendemos que han sido una repetida demostración de que, al menos ante determinadas acusaciones, el sistema judicial del Paraguay no consigue brindar un mínimo de garantías de un juicio justo. En términos generales, el Ministerio Público aparece como avasallante y construyendo una ilegítima y, por lo demás, mediática condena social anticipada, ante la cual los jueces parecen defeccionar de sus obligaciones, so pena de seguir el camino del malogrado Juez Bonzi, (caso cuyas repercusiones, por cierto, no quedaron limitadas al territorio paraguayo).
§                                 Resulta de extrema sensibilidad para todos nosotros, el caso del proceso seguido contra los seis dirigentes campesinos y militantes políticos extraditados desde nuestro país y que, recientemente, luego de seis injustificados e ilegales años de cárcel, fuera finalmente a juicio. Hemos resultado brutalmente decepcionados por las circunstancias, características y conclusiones de dicho proceso, aun si nos limitáramos a la violación por parte del sistema judicial paraguayo de los compromisos asumidos al requerir la extradición, que tiñen de ilegitimidad no sólo el abusivo tiempo que permanecieron en prisión preventiva sino el propio tiempo que supuestamente deberían cumplir de condena. Paraguay, Señores Congresales, acabará, por este camino, siendo un Estado permanentemente reprochado por los sistemas internacionales de defensa de los Derechos Humanos, especialmente el interamericano.

Señores Miembros: no se nos escapa que Paraguay está viviendo una etapa institucional de extrema gravedad. Ha sido precisamente esa percepción la que nos ha llevado a dirigirnos a Ustedes y no a ninguna otra instancia.
Creemos que está en sus manos, en sus voluntades, aportar a que esta etapa no signifique el cierre en retroceso de la transición democrática en el Paraguay. Para ello, entendemos que, con absoluto espíritu de grandeza y con ánimo pacificador, Ustedes deberían conformar una Comisión del Congreso que intervenga el sistema penitenciario paraguayo, de modo de terminar con la penosa leyenda de Tacumbú, cuyo cierre es promesa fallida de cada nueva administración y de garantizar las condiciones en el resto, particularmente en el Buen Pastor. Con ese mismo espíritu, deberían además llevar adelante una generosa amnistía que demuestre que las características del conflicto social y político durante esta transición no han sido lo que deberían y que para dar salida de futuro a esa transición debe asumirse que no pueden pagar sólo algunos por sus falencias. Deberían asumir que las tareas de la Reforma Agraria tantas veces prometida, por todos reconocida como necesidad, deben implicar también el compromiso directo del Congreso para que dejen de ser un asunto burocrático y pasen a ser una de las tareas políticas centrales de un Paraguay comprometido con un futuro para todos, con trabajo, dignidad y paz.
Si así lo entendieran, si así lo hicieran, se verán realizadas las consignas con que hoy, para hacer entrega de este escrito, venimos ante la sede diplomática de su país en Buenos Aires:

¡¡¡LIBERTAD A LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS EN PARAGUAY!!!

¡¡¡CESE DE LA REPRESIÓN DENTRO Y FUERA DE LAS CÁRCELES DE PARAGUAY!!!

¡¡¡BASTA DE PERSECUSIÓN Y JUDICIALIZACION A LAS PROTESTAS DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES EN PARAGUAY!!!



NOTA DIRIGIDA AL PODER JUDICIAL(II)
Asunción, 8 de noviembre de 2012
Dr. Víctor Núñez
Señor Presidente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dr. Javier Díaz Verón
Señor Fiscal General FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Ref.: Por la libertad de los presos políticos de Curuguaty.
Quienes firmamos el presente petitorio, exigimos la inmediata libertad de los 12 presos políticos de Curuguaty, cinco de ellos en huelga de hambre desde hace 45 días en la cárcel regional de Coronel Oviedo, en busca de Justicia y Libertad.
Ellos son víctimas de una persecución política y están sometidos a un proceso lleno de irregularidades, sin pruebas que sustenten su detención y procesamiento, como lo demuestra el informe de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) que desarrolla una investigación independiente del caso en la zona de Marina Cué, donde ocurrió la masacre el 15 de junio del cte. que costó la vida a 17 compatriotas.
Las personas encarceladas en Cnel. Oviedo y La Esperanza, han sido violentadas en todos sus derechos humanos, siendo objetos de torturas físicas y psicológicas, no han recibido en su momento una atención médica adecuada, se les omitió auxilio y no tienen las garantías suficientes para el debido proceso.
Las campesinas y campesinos privados de su libertad son:
1. Dolores López
2. Maria Fani Olmedo Paredes
3. Ruben Villalba
4. Felipe Balmori
5. Arnaldo Quintana Paredes
6. Adalberto Castro Benítez
7. Néstor Castro
8. Lucia Agüero (En huelga de hambre)
9. Alcides Ramírez (En huelga de hambre)
10. Luis Olmedo (En huelga de hambre)
11. Nery Urbina (En huelga de hambre)
12. Juan Carlos Tillería (en huelga de hambre)
Por estas razones exigimos su inmediata libertad.