Buenos Aires, 15 de junio de 2012
Nuestra Gremial de Abogados ha sido llevada por su práctica de defensa de los luchadores sociales y políticos perseguidos por el sistema de injusticia que todavía rige en muchos lugares de nuestra América y del mundo, a interiorizarse desde hace años en la lucha del hermano pueblo paraguayo.
Hemos venido denunciando las arbitrariedades e injusticias que sufren no sólo aquellos que se organizan para luchar por sus derechos en el Paraguay de hoy, sino amplios sectores sociales marginados, despojados y reprimidos. En particular, debemos hablar del sufrido, abnegado y, muchas veces, heroico campesinado paraguayo, que ha sido despojado a mano armada y por medio también de la violencia económica, de la tierra, con la que está intima, amorosa y vitalmente ligado.
No es ningún secreto que la mayor parte de las tierras ocupadas por terratenientes y empresas productoras de “commodities” de aquel país ha sido usurpada; violando, con la complicidad del sistema judicial y político, la legalidad y la propia constitucionalidad de la nación paraguaya. Cínicamente se pretende legalizar ahora ese saqueo por una especie bastarda de usucapión que no puede esconder su verdadera faz de despojo delincuencial que, además, desde muchos puntos de vista se ha dado en contextos que lo hacen imprescriptible.
Ahora, como desde hace años, resulta que los campesinos, aquellos para los cuales está concebido el usufructo de la tierra que pertenece a todos los paraguayos, son los “ocupantes”, los “invasores”, los “sintierra”. Y los ladrones se esconden detrás del sistema jurídico que defiende “la inviolabilidad de la propiedad privada”. Todo esto no resulta, claro está, una novedad en nuestros países; pero resulta ser que, para mal de los saqueadores del Paraguay, allí la memoria del saqueo todavía está viva y la lucha de resistencia del campesinado, intacta.
Lo último que ha ocurrido, hoy, es que, en uno de los tantos desalojos de tierras “tomadas” por los “sintierra”, desalojos siempre prepotentes, siempre violentos, muchas veces trágicos por las pérdidas de vidas campesinas, siempre impunes, se ha producido un enfrentamiento donde, hasta ahora, se contabilizan 18 muertes, 6 de ellas policías.
Distintos hechos y versiones acaecidos a lo largo del día hacen que manifestemos nuestra preocupación por el desarrollo de los acontecimientos:
el presidente Lugo ha enviado tropas militares al lugar de los hechos,
el director del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) manifiesta que “se busca retirar a más heridos de la zona” pero “no hay garantías”, “estando las fuerzas de seguridad involucradas de la forma en que se dio esto se hace un poco difícil”,
el jefe de la Policía declara: “estamos buscando aún si hay más heridos en el monte”
todas las voces, todas las versiones que se escuchan, provienen de las autoridades y no hay una sola expresión de los campesinos sobre los que caen acusaciones de todo tipo; así, resulta imposible escuchar el número de víctimas, muertos y heridos, que ellos contabilizan entre los suyos,
la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Codehupy, y Amnesty-Paraguay coinciden en pedir garantías de que “el orden” sea restablecido sin abusos; y, en el caso de la primera, pidiendo garantizar “la vida y la integridad física de todas las personas involucradas en el procedimiento, tanto efectivos del orden público, como civiles”, y recordando “a las autoridades los principios de proporcionalidad en el uso de la fuerza, establecidos por la Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” y que “recientemente Paraguay fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en unos casos de asesinato y tortura en un contexto de desalojo en la zona de San Pedro”.
Por todo ello planteamos:
Al gobierno paraguayo:
que garantice la seguridad y la plena vigencia de las garantías constitucionales para los campesinos de Curuguaty, así como la transparencia y publicidad del accionar de las “fuerzas de seguridad”.
en ese sentido, que permita y garantice de inmediato el libre acceso a la zona, de observadores independientes de prensa, de organizaciones sociales y políticas y de organismos de Derechos Humanos, tanto paraguayos como de otros países.
que dé a conocer inmediatamente un informe oficial detallado de los sucesos y la situación actual, como referencia ineludible y para aventar la posibilidad de violaciones de derechos al amparo de la confusión reinante.
A las organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos de Argentina:
dirigirse al gobierno paraguayo y a los otros poderes del Estado para pedir esclarecimiento y garantías para la población campesina, así como la inmediata desmilitarización del conflicto y el rechazo terminante a la eventual declaración del estado de excepción.
organizar una delegación que acompañe a las organizaciones paraguayas a la zona de los hechos para brindar, en la medida de lo posible, garantías a los pobladores.
Por nuestra parte, nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos en ese sentido y una delegación de nuestra Gremial de Abogados viajará a Asunción el próximo martes tal como estaba previsto en el marco del lamentable juicio que se lleva adelante contra los 6 campesinos que en su momento fueron extraditados por el gobierno argentino.
