Lic. Ramón Casco Carreras (*)
En febrero de 1986, 26 años atrás, el Consejo de administración de Itaipú binacional aprobaba la tarifa de Itaipú, que el entonces director general adjunto de la entidad binacional, Ing. Enzo Debernardi, llamaba “escalón intermedio”. En ese ya lejano día, en los albores de la fase de comercialización de la energía de la gran hidroeléctrica, el organismo administrativo de referencia concluía que el costo unitario del servicio de electricidad de la entidad era de US$ 14,75 por Kw/mes.
Lo llamativo es que esa conclusión no solo era irreal, sino violatorio del Tratado de Itaipú y de su Anexo C, porque hasta el máximo representante de la dictadura que entonces “administraba” el Estado paraguayo se sentía obligado a aclarar que la decisión era un “escalón intermedio” entre la tarifa provisoria, que seguía vigente, y el verdadero costo de servicio de electricidad de la usina binacional. En efecto, Debernardi mencionó, así lo consigna el acta de la reunión de febrero de 1986, que la tarifa real rondaba los US$ 16,50 el Kw/mes y que la de US$ 14,75 era una suerte de escalón intermedio. Apuntemos que ese escalón no está previsto en el Tratado ni el Anexo C.
Sin embargo, el episodio que hoy reflotamos no fue lo más grave en la naciente vida comercial de Itaipú. En efecto, uno días después de esa decisión, en abril del mismo año, ante una clara y expresa petición de Itaipú, los consejeros, que como hoy incluía a seis paraguayos más el representante de la Cancillería, borraron con el codo lo que escribieron con la mano: la tarifa cayó del escalón intermedio al subsuelo de la tarifa provisoria, que como provisoria era arbitraria e irreal, de US$ 10 por Kw/mes.
Esa “concesión graciosa” a Brasil se tradujo posteriormente, incluso hasta finales de esa década, en la “deuda espuria” de la entidad binacional, que a principios de 1990 rondaba los US$ 4.200 millones, monto que la entidad binacional descargó sobre su costo de servicio y, por ende, sobre todos sus usuarios, incluso los paraguayos, cuya contratación arañaba entonces apenas el 2% de la contratación total de Itaipú, el 98% fue el privilegio de Brasil.
Hoy, la Contraloría General de la República (CGR) no solo califica de ilegal el procedimiento que arrancó en abril de 1986, sino también destaca que la deuda acumulada a raíz de ese procedimiento, con los intereses que deberían corresponder, ronda los US$ 18.000 millones, monto que rebase el saldo de la deuda que aún reclaman Eletrobrás y el Tesoro brasileño a Itaipú.
El tercer episodio que debe ponerse de relieve en este relato es la presente y renovada actitud brasileña de evitar el costo real del servicio de electricidad de Itaipú en este ejercicio en pleno avance. En otras palabras, ni reconocieron la deuda espuria que se acumuló a raíz de la decisión de abril de 1986 y de nuevo se están auto aplicando, en los hechos, una política de subsidio en Itaipú.
Los organismos técnicos de la binacional dictaminaron el año pasado que la tarifa actualizada de Itaipú es de US$ 24,30 el Kw/mes y no más US$ 22,60, aprobado incluso por unanimidad por el directorio ejecutivo del ente. Sin embargo, con la excusa de que deben contar con el asentimiento de la presidente de su país, Dilma Rouseff, la bancada brasileña del Consejo de Administración, de nuevo el Consejo...- no actualiza la tarifa y, de nuevo como el pasado, son sus empresas las que se benefician con el subsidio que, esperemos, no descarguen, como el pasado, sobre todos los usuarios de Itaipú, incluso sobre los paraguayos, que como en el pasado, son los que menos se benefician con esa energía que, por extraño que parezca les pertenece en un 50%.
(*) Columnista de Mundo de la Electricidad
