Gobierno de Lugo despliega Plan Colombia en la región
Orlando Castillo Caballero
ALAI AMLATINA, 12/05/2010.- , El Ministro del Interior de Paraguay,
Rafael Filizzola, anunció en días pasados la Promulgación de la Ley
3.994/10 del 24 de abril del corriente año, por la cual el presidente
Lugo declara el Estado de Excepción en los departamentos de San Pedro,
Concepción, Amambay, Presidente Hayes y Alto paraguay.
La ley en cuestión fue tratada por el Congreso Nacional de manera
urgente y promulgada luego de pocos días de haber sido enviada por el
Poder Ejecutivo. Con esta ley se habilita al ejecutivo a disponer de los
efectivos de las Fuerzas Armadas en las citadas zonas, donde en los dos
primeros departamentos (Concepción y San Pedro) existe un importante
numero de organizaciones campesinas.
Esta es la segunda vez que se utiliza -durante este decenio- la figura
del Estado de Excepción, primeramente la utilizó el ex Presidente Luis
Ángel González Macchi, en mayo del 2000, ante una intentona de golpe de
Estado, que realizara el golpista Lino Oviedo.
El Estado de Excepción, una figura constitucional de carácter extremo,
regulado por la Carta Magna paraguaya en su artículo 288, establece como
requisitos fundamentales para el mismo, la existencia de un Conflicto
Armado Internacional o una Grave Conmoción Interna, que peligre la
institucionalidad estatal, presupuestos ambos que no se han dado, pero
que a pesar de ello el mismo se ha establecido.
La razón alegada por el Jefe del Ejecutivo y el Ministro del interior es
principalmente el combate del autodenominado Ejército del Pueblo
Paraguayo, que en menos de 2 años, ha sido la principal vía de escape
del gobierno a las debilidades políticas intrínsecas y de sus demonios
internos, como es la Vicepresidencia.
El denominado EPP ha servido como chivo expiatorio del gobierno, que en
5 oportunidades ha movilizado una importante cantidad de efectivos
policiales y militares en las zonas de San Pedro y Concepción, donde a
la par de estos operativos se ha registrado un elevado número de
desalojos, más de 500 procesos a líderes campesinos, y donde ya 7
líderes campesinos han perdido la vida, durante los dos años de Gobierno.
El estado de excepción además de mirarse como un retroceso democrático,
y como un grave desatino político del gobierno de Lugo, debe mirarse
dentro de un contexto más amplio, y principalmente más riesgoso para los
movimientos sociales nacionales y para la estabilidad regional.
El Paraguay sin haber firmado ningún convenio de cooperación militar y
de seguridad con los Estados Unidos -de manera estricta- ha sido el país
en la región -luego de Colombia- que más ha desarrollado la receta de
seguridad de aquel país y el que más ha facilitado la inserción de los
mismos en la región.
El estado de excepción declarado posterior a la muerte de 4 personas en
un enfrentamiento, que no se sabe con certeza si fue el EPP o algún
grupo mafioso de la zona, tuvo el rápido apoyo de los gremios que
estarían ligados a ciertas mafias locales, como la Asociación Rural de
Paraguay –ARP-.
El recientemente re-electo presidente de la ARP, Néstor “Tito” Núñez,
manifestó a la prensa el apoyo del sector al ingreso de los militares en
los citados departamentos, para exterminar al grupo de delincuentes del
EPP. Además, el ganadero, haciendo propias las ideas del Ministro del
Interior, que en enero pasado cuestionó la labor de organizaciones de
Derechos Humanos en la denuncia de torturas y de búsqueda de chivos
expiatorios dentro de las organizaciones campesinas , manifestó que las
mismas debían definirse con respecto a defender a criminales.
Indiscutiblemente la declaración del Estado de Excepción, no es solo una
medida política, sino también económica, desde el momento en que las
acciones ciudadanas de presión hacia las autoridades locales no van a
poder desarrollarse con las mismas garantías establecidas en la
constitución, por tanto cualquier desalojo o detención de persona se
podrá realizar sin orden judicial alguna, y así defender la propiedad
privada.
La ambigüedad en términos de restricción de derechos, deja en manos del
jefe operativo y del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, las
decisiones sobre hechos que se registren dentro del campo de acción.
Concepción y San Pedro son los departamentos con mayor número de
campesinos movilizados, y son los departamentos donde más ejercicios
militares de los Estados Unidos se han realizado en los últimos años,
que en conjunto llegan a más de 16, además de contar con zonas muy
accesibles de explotación del Acuífero Guaraní.
Estas zonas ya fueron identificadas como de suma importancia por los
efectivos militares norteamericanos, quienes han desarrollado teatros
operacionales de grupos armados, y donde entre diciembre y febrero
pasado, se encontraban asesores colombianos instalados.
Se han contabilizado 10 asesores colombianos en el país, 8 de los cuales
fueron declarados oficialmente por el gobierno como expertos en temas de
secuestros en el caso del ganadero Fidel Zavala , pero dos de ellos
llegaron al país durante la entrega de armamentos israelíes a las
Fuerzas nacionales en enero pasado.
Los armamentos de procedencia israelí son utilizados actualmente por las
fuerzas especiales entrenadas en Colombia y en Estados Unidos, y se suma
al arsenal y tecnología donados al Paraguay durante la presentación del
batallón antiterrorista el pasado 4 de noviembre del 2009.
Este batallón, conjuntamente con los asesores colombianos, se encuentran
realizando el trabajo de campo en Concepción, además de los 2 expertos
en armas ingresados este año solo por unos días, de los cuales no se
tienen noticias de si abandonaron el país, es decir, los mismos podrían
encontrarse aún en la zona de Concepción.
Cabe destacar que el principal referente de la cooperación
colombo-paraguaya es el agregado militar del país cafetero en Paraguay,
el coronel Jorge Humberto Jerez Cuéllar, quien en declaraciones a la
prensa nacional advirtió sobre el ingreso de las FARC en el país. El
citado militar se encuentra en el país dentro del marco de cooperación
entre ambos países, documento que fuera firmado ya en el 2001, posterior
al secuestro de María Edith de Debernardi y año desde el cual se viene
estableciendo la supuesta conexión del movimiento o de líderes
campesinos con grupos armados.
El citado militar colombiano, al igual que varios de los adiestradores
de sus pares paraguayos, son alumnos ejemplares de la celebre Escuela de
las Américas, donde el mismo Jerez Cuellar egresó, en enero de 1983.
Por intermedio de Cuellar, 27 oficiales y suboficiales de las Fuerzas de
Operaciones Especiales de la Policía (FOPE) fueron formados por 2
personas de seguridad colombiana, en el marco del denominado “Primer
Curso Internacional de Antisecuestro y Antiextorsión”, llevado a cabo el
pasado mes de enero, siendo entregado los certificados el 4 de febrero
último, del cual participó el propio presidente Lugo.
Estos intercambios y formación por parte de Colombia se suman a la serie
de efectivos que ya fueron formados entre el 2007 y 2009 en Colombia,
incluyendo jueces, fiscales, policías y militares, y al nuevo curso que
la oficina de Seguridad Diplomática de la Embajada de EE.UU desarrolla
bajo la denominación “Curso Avanzado de Capacitación en Seguridad”.
A estos asesores colombianos y cursos de seguridad, encabezados por el
egresado de la SOA Jerez Cuellar, se suma desde ahora de manera más
directa y decisiva la intervención norteamericana por medio del Programa
de Asistencia Antiterrorista (ATA) del Departamento de Estado.
La embajada estadounidense a cargo de Liliana Ayalde, manifestó que
realizarán un curso avanzado en “Seguridad en Instalaciones Críticas”,
para funcionarios de seguridad y de otras reparticiones oficiales.
Es importante señalar que el gobierno nacional cuenta dentro del
Ministerio del Interior, como principal asesor, a Edgardo Bustaglia,
quien, en una entrevista concedida al diario de derecha ABC Color,
manifestó que carteles colombianos y mexicanos se encuentran en
Paraguay, y asesora al Ministro Filizzola en las políticas represivas.
Dentro de este contexto el pasado 20 de abril, varios agentes
norteamericanos se sumaron a sus pares colombianos en la zona norte,
dentro del denominado “Operativo Ñepytyvo II” en las localidades de
Belén y Paso Barreto.
La embajada norteamericana informó que sus efectivos se encontraron
trabajando durante 8 días en la región, en lo que denominaron un
“entrenamiento de pre-despliegue ”, es decir de intervención directa de
las Fuerzas Armadas de Paraguay que tienen cerca de 3 mil efectivos en
las zonas de excepción, buscando al fantasma de la justificación
represiva del movimiento campesino, el EPP.
Seguridad a cambio del sueño
El estado de excepción, la capacitación de fiscales, jueces, policías y
militares, la creación de un súper demonio que explica todos los males
paraguayos, como el Ejercito del Pueblo Paraguayo –EPP-, y la conexión
de los mismos con el movimiento campesino y su criminalización, sería
interesante mirarlos con ojos latinoamericanos.
Muchos de los que creyeron que con Lugo los sectores sociales llegaban
al poder, justifican la política de seguridad del presidente como la
acción lógica de un presidente sin Congreso, hecho del cual no podemos
desprendernos ni tampoco desconocer.
A pesar del latente “hondurazo” y del riesgo que existía de que el mismo
se produzca, facilitar el análisis y justificar a Lugo con este hecho,
sería también restarle credibilidad a los sueños, y demostrar mucha
ingenuidad de la gente en la elección pasada.
No cabe duda que el gobierno nacional ha dado pasos decisivos en cuanto
a la disminución de las tasas negativas relativas a la salud, con una
política en ésta área que ha llegado hasta la gratuidad del servicio
médico y reconociendo el carácter de derecho humano fundamental de la
salud, así como dando grandes pasos hacia garantizarlo como tal.
Pero a costa de la salud, ha intensificado las medidas represivas y se
ha acercado más a la política de militarización que de construcción de
un Sur distinto. En la cumbre de la Unasur en Argentina el año pasado,
ha defendido de manera muy hábil la instalación de Bases Militares en
Colombia, tomando una posición pastoral antes que de condena.
Lugo, antes que cualquier otro gobierno colorado de la transición, ha
logrado unir a los gremios de ganaderos y rurales del país en su
defensa, por lo que un “hondurazo” es más que difícil, aunque claro, no
imposible. Al mejor estilo dilatorio ha establecido la mesa de Reforma
Agraria, donde en 2 años de gobierno no ha avanzado con ninguna medida
que favorezca a la propiedad de la tierra de las organizaciones campesinas.
Antes que favorecer la justa distribución de la tierra, ha defendido la
propiedad privada de la Asociación Rural del Paraguay, cumpliendo con
todos los caprichos del sector, hecho que otros gobiernos no dejaron que
sucediera, debido a diferentes objetivos económicos, claro está, en
favor de sus aliados.
Artículo completo en: http://alainet.org/active/38070&lang=es
- Orlando Castillo Caballero es Abogado, defensor de Derechos Humanos,
objetor de conciencia y activista por la Desmilitarización, miembro a
titulo personal de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas
–CADA-
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